Decía Mandela que “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad” y, precisamente a mantener a flote la humanidad con frecuencia herida de personas en situación de vulnerabilidad se dedica la Clínica Legal de la Facultad de Derecho, en sección adscrita al área de Historia del Derecho y de las Instituciones -existen en la actualidad otras cinco-. Lo hace con la ayuda de estudiantes y egresados de la Universidad de Sevilla, atendiendo, entre otras, a personas migrantes y solicitantes de asilo, aplicando en casos reales sus conocimientos de Derecho y haciendo realidad el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Las clínicas legales surgieron en las universidades anglosajonas como una valiosa herramienta para brindar justicia gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Estas clínicas permiten que profesorado que también ejerce la abogacía de manera voluntaria colabore con sus alumnos para ofrecer servicios legales a estas personas. Además de su función social, las clínicas legales cumplen un propósito pedagógico al permitir que los estudiantes observen de cerca cómo se lleva a cabo la labor de un abogado en la práctica.

La clínica realiza orientación jurídica a personas en situación de vulnerabilidad sobre extranjería y protección internacional

La Sección de la Clínica Legal de Derechos Humanos de Sevilla nació en 2007 fruto de la iniciativa compartida de un grupo de alumnos y el profesor de Historia del Derecho Pablo Gutiérrez Vega, que ya venían trabajando en este formato desde 2001. En 2016, la clínica estableció un convenio de colaboración con la facultad, permitiendo que los estudiantes realizasen sus prácticas curriculares ella.

Posteriormente, la Facultad de Derecho, creó una asignatura llamada 'Prácticas Externas', en la que los alumnos pueden matricularse, uno de los responsables es el profesor Gutiérrez Vega. En la actualidad, la sección adscrita al Área de Historia del Derecho pasará a denominarse próximamente, a expensas de ratificación de la Junta de Facultad, ‘Bartolomé Clavero’, en honor al profesor de esta facultad, tras cuya estela en la defensa de los derechos humanos dio sus primeros pasos esta iniciativa pionera.

En sus inicios se involucró en las graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con el caso del Genocidio maya en Guatemala, en la que actuó como acusación popular ante la Audiencia Nacional, también en la observación de los juicios contra activistas saharauis ante tribunales marroquíes (Gdeim Izik). Actualmente presta servicios de orientación jurídica en materia de extranjería y protección internacional y realiza misiones de observación electoral internacional en sede diplomática y consular. Entre 15 y 20 estudiantes cada año aprenden ejerciendo a través de la clínica. Una labor que llevan a cabo de manera altruista, pero con “los más altos estándares deontológicos”, señala el profesor.

Es fundamental una sensibilidad especial hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que a menudo se enfrentan a situaciones traumáticas que requieren empatía y comprensión

Quienes participan en esta clínica, asegura Gutiérrez Vega, deben tener apetito por aprender y es fundamental una sensibilidad especial hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que a menudo se enfrentan a situaciones traumáticas que requieren empatía y comprensión.

“Una de las destrezas que tienen que desarrollar es la responsabilidad sobre el caso que asumen”, explica el profesor. Las consecuencias de no serlo pueden ser muy variadas y dolorosas, teniendo en cuenta la situación de la población a la que se atiende, “en el ámbito de extranjería, una simple negligencia o un olvido pueden tener consecuencias graves, incluso la expulsión de un individuo”.

El objetivo principal es proyectar la Universidad hacia la comunidad, que sea útil y beneficiosa, en línea con los postulados de la metodología de aprendizaje-servicio. Existe, en caso de carencia de recursos, un turno de oficio ofrecido por el Colegio de Abogados de Sevilla, que la clínica recomienda, pues el enfoque de la clínica se limita a la asesoría jurídica, en ningún caso representa los intereses de las personas usuarias.

“Considero que cumplimos la función primera que es hacer entender a los alumnos que su ejercicio puede marcar la diferencia, que se sientan agentes transformadores de la realidad, que sepan que pueden actuar desde el nivel local, donde se puede hacer un aporte sustantivo”, asegura el profesor.

Cumplimos la función de hacer entender a los alumnos que su ejercicio puede marcar la diferencia

Edda Amalia César ha desarrollado sus prácticas en la Clínica Legal. "Son prácticas exigentes, pero me han ayudado mucho en el ámbito personal y en el profesional, donde me han abierto posibilidades que no imaginaba”. Anima a los estudiantes a unirse a la clínica: “te tiene que gustar el servicio, tener la cabeza centrada para no involucrarte personalmente, porque hay personas que están en una situación muy difícil. Quisiera seguir colaborando”.

Para Bárbara López Granados, estudiante que está a punto de concluir su grado, afirma que “estar cara a cara con personas que necesitaban mi ayuda y la de mis compañeras ha sido una experiencia bastante enriquecedora, nutritiva y muy humana. Me ha aportado mucha felicidad”, asegura.

Desde este espacio que honra el nombre de la Universidad dejan claro que los derechos no solo se violan lejos, sino también en nuestras propias ciudades, y que las facultades de Derecho también han poner de su parte para para evitar que suceda o para garantizar que los derechos fundamentales sigan siendo respetados.

Observación electoral internacional
Las elecciones de El Salvador celebradas el pasado 4 de febrero son los octavos comicios que la Clínica Legal ha emprendido en sede consular para analizar, acreditada por las más altas instancias en misión internacional, el voto extranjero de procesos electorales como los de Serbia, Perú, Colombia, Filipinas, Paraguay, Túnez y El Líbano. En ellas, han evaluado con mucho rigor y gran exigencia, cuestiones que van desde las condiciones de acceso a personas con discapacidad, hasta que no haya intimidación, que se preserve el secreto del voto o que no se usen los medios públicos para fines partidarios. Todo ello, plantea el profesor, es necesario desarrollarlo “de una manera imparcial, objetiva y no intrusiva”.
Para realizar este trabajo, que requiere de amplios conocimientos en procedimientos electorales y legislación propios de cada país, se basan en un código de conducta, en los estándares internacionales de la Comisión de Venecia y en la experiencia de décadas del profesor Gutiérrez, que ha participado en una veintena de procesos electorales en todo el mundo.